Teniendo en cuenta el inicio de un nuevo curso escolar lleno de incertidumbre, hoy nos vamos a centrar en la exclusión educativa en España. En primer lugar, destacamos que inclusión y la exclusión social son dos términos estrechamente relacionados que forman parte de un mismo proceso, el cual implica que, en el momento en el que se produzcan barreras que originan la exclusión social, se debe generar acciones que favorezcan la inclusión. Tanto en este apartado como en otros posteriores hablaremos sobre la exclusión en la sociedad de las personas con discapacidad.
La exclusión hacia este colectivo, el prejuicio y el desconocimiento agravan su situación y vulneran sus derechos fundamentales, sin tener en cuenta que son personas que también pueden contribuir de manera significativa a la sociedad.
A continuación se hablará de la exclusión dentro del ámbito educativo de las personas con discapacidad:
La etapa escolar constituye el primer ciclo hacia la socialización fuera del entorno familiar. Las personas con discapacidad tienen que enfrentarse a la exclusión desde edades muy tempranas debido los fallos dentro del sistema educativo, poniendo en peligro su integración educativa.
Actualmente existen diferentes Leyes o Reales Decretos, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, que garantizan la educación inclusiva a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas, asegurando condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de ningún tipo. Estas pueden ser el Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la Educación Especial, la posterior Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo que apuesta por los principios de normalización e integración o la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) que ahonda en el compromiso social de los centros de realizar una escolarización sin exclusiones.
El acceso a la escolarización inclusiva y en igualdad de condiciones con los apoyos necesarios, es hoy en día un derecho para las personas con discapacidad y así lo establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
Aún así, a pesar de las leyes que amparan a las personas con diversidad funcional y sus derechos, en España hace falta recursos de apoyo especializados en entornos ordinarios, en muy pocos centros escolares se contempla la participación en las aulas de especialistas de apoyo. El profesorado y toda persona que forma parte del sistema educativo, en algunas ocasiones, no tienen una visión positiva, abierta y receptiva presentando falta de formación y sensibilización con la inclusión educativa.
En conclusión, a pesar de que se lucha por la inclusión educativa de personas con discapacidad, se ha observado un patrón estructural de exclusión educativa en España que afecta a todo el colectivo en general, en especial a las personas con diversidad funcional intelectual o psicosocial y a las personas con discapacidad múltiple.
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